La Nueva Ley de Delitos Económicos

La reciente promulgación de la Ley 21.595 sobre Delitos Económicos ha generado un gran revuelo en el ámbito empresarial y legal. Esta normativa, que entró en vigor el 17 de agosto de 2023, ha introducido más de 200 nuevos delitos en el catálogo de infracciones imputables a Personas Jurídicas, aumentando las penas y sancionando también los delitos contra el medio ambiente

En este artículo, desglosaremos las principales implicaciones de esta ley y cómo las empresas deben adaptarse para cumplir con sus exigencias.

Introducción de la ley de delitos económicos

Desde su publicación, la Ley 21.595 ha sido objeto de numerosas discusiones y análisis. Esta legislación representa un esfuerzo significativo por parte del Gobierno para combatir la criminalidad económica y promover un entorno empresarial más ético y transparente. Pero, ¿Qué significa realmente esta ley para las empresas y sus directivos? ¿Cuáles son las principales categorías de delitos contempladas? ¿Cómo deben las organizaciones prepararse para cumplir con las nuevas regulaciones?

Principales categorías de delitos

La Ley 21.595 agrupa los delitos en cuatro categorías principales, cada una con un estatuto diferenciado de penas:

1. Delitos económicos propios de la actividad económica: Infracciones relacionadas directamente con las operaciones comerciales y financieras de la empresa.
2. Delitos cometidos por una persona en ejercicio de su cargo dentro de la empresa: Actos delictivos realizados por empleados o directivos en el desempeño de sus funciones.
3. Delitos cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo para beneficio económico u otra naturaleza en una empresa: Incluye actos de corrupción y abuso de poder en el sector público.
4. Delitos de recepción y lavado de dinero: Actividades ilegales relacionadas con la legitimación de fondos provenientes de actividades ilícitas.

Estas categorías son amplias y abarcan desde el fraude y la corrupción hasta los delitos informáticos y medioambientales, reflejando la intención del legislador de abordar una variedad de conductas delictivas.

Impacto en las empresas

La implementación de la Ley 21.595 tiene profundas implicaciones para las empresas, ya que amplía la responsabilidad penal no solo a los ejecutivos principales, sino a cualquier persona que ocupe un cargo, función o posición dentro de la organización. Esto significa que las empresas deben adoptar medidas preventivas rigurosas para protegerse contra posibles infracciones.

Plazo para la adecuación

Las empresas tienen un plazo hasta el 17 de agosto de 2024 para implementar un modelo de prevención de delitos efectivo. Este modelo es crucial, ya que puede servir como una eximente de responsabilidad penal si se demuestra que la empresa ha tomado todas las medidas razonables para prevenir la comisión de delitos dentro de su estructura.

Ejemplos de delitos y sanciones

Para ilustrar mejor el alcance de la nueva ley, a continuación se presentan algunos ejemplos de delitos y sus respectivas sanciones:

• Omisión del empleador de retener o enterar las cotizaciones previsionales de los trabajadores: Pena de 61 días a 3 años y un día, más una multa de 5 a 15 UTM si la omisión o pago es menor a 40 UTM; si es mayor, la multa será de entre 300 y 500 UTM.
• Pagar una remuneración inferior o desproporcionada al ingreso mínimo mensual: Pena de presidio de 61 días a 3 años y un día.

Estas sanciones subrayan la severidad de las infracciones y la necesidad de cumplir estrictamente con las nuevas regulaciones.

Modelos de prevención de delitos

Un aspecto fundamental de la Ley 21.595 es la exigencia de que las empresas implementen Modelos de Prevención de Delitos. Estos modelos deben contener protocolos, procedimientos y sanciones especificadas en cada contrato de trabajo. La implementación efectiva de estos modelos es crucial para mitigar el riesgo de responsabilidad penal y garantizar el cumplimiento de la ley.

Componentes clave de un modelo de prevención

Un modelo de prevención adecuado debe incluir los siguientes elementos:

• Evaluación de riesgos: Identificación y análisis de los riesgos específicos a los que está expuesta la empresa.
• Protocolos y procedimientos: Establecimiento de normas y directrices para prevenir la comisión de delitos.
• Capacitación y formación: Programas de formación para empleados y directivos sobre la prevención de delitos.
• Monitoreo y auditoría: Sistemas de control interno para supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
• Sanciones: Definición de sanciones internas para aquellos que incumplan las políticas de prevención.

La correcta implementación de estos componentes no solo ayuda a cumplir con la normativa, sino que también promueve una cultura de ética y transparencia dentro de la organización.

Adaptación empresarial

La adaptación a la Ley 21.595 requiere un enfoque proactivo y estratégico por parte de las empresas. A continuación, se presentan algunas recomendaciones para facilitar este proceso de adaptación:

1. Realizar una auditoría interna

Antes de implementar cualquier medida, es fundamental realizar una auditoría interna para evaluar el estado actual de la empresa en términos de riesgos y cumplimiento. Esta auditoría debe identificar las áreas vulnerables y las posibles infracciones que podrían surgir.

2. Desarrollar un plan de acción

Con base en los resultados de la auditoría, se debe desarrollar un plan de acción detallado que incluya las medidas necesarias para mitigar los riesgos identificados. Este plan debe ser específico y realista, con plazos definidos y responsabilidades asignadas.

3. Capacitar al personal

La capacitación es un componente esencial de cualquier modelo de prevención de delitos. Todos los empleados, desde los niveles más altos hasta los más bajos, deben recibir formación sobre las nuevas regulaciones y los procedimientos internos de prevención.

4. Implementar sistemas de monitoreo y control

La implementación de sistemas de monitoreo y control es crucial para garantizar el cumplimiento continuo de las políticas de prevención. Estos sistemas deben ser eficientes y permitir la detección temprana de posibles infracciones.

5. Revisar y actualizar regularmente

El entorno legal y empresarial está en constante cambio, por lo que es importante revisar y actualizar regularmente el modelo de prevención de delitos para asegurarse de que sigue siendo efectivo y pertinente.

Conclusión del artículo

La Ley 21.595 sobre Delitos Económicos representa un cambio significativo en el panorama legal y empresarial, imponiendo nuevas responsabilidades y exigencias a las empresas. La implementación de un modelo de prevención de delitos efectivo no solo es una obligación legal, sino también una oportunidad para promover un entorno empresarial más ético y transparente.

Para las empresas que operan a nivel global, es crucial contar con una asesoría fiscal internacional que les ayude a cumplir con todas las normativas y a optimizar sus estrategias fiscales. Las empresas que adopten un enfoque proactivo y estratégico para adaptarse a esta nueva normativa estarán mejor posicionadas para evitar sanciones y mantener su reputación en el mercado.