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Laborales Financieros Jurídicos Empresariales LaboralesLa entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025 ha introducido nuevos retos para las empresas que operan en Colombia, especialmente para aquellas con estructuras corporativas internacionales o filiales extranjeras en el país.
Uno de los cambios más relevantes de la nueva normativa laboral es la creación de una cuota obligatoria de contratación de personas con discapacidad para empresas privadas, una obligación que hasta ahora no existía de forma expresa en el sector privado colombiano.
Para muchas compañías, este nuevo requisito supone la necesidad de revisar sus políticas de contratación, recursos humanos y cumplimiento normativo antes de la fecha límite establecida por la ley.
La reforma laboral en Colombia obliga a determinadas empresas privadas a incorporar trabajadores con discapacidad dentro de su plantilla permanente, bajo un esquema proporcional según el tamaño de la organización.
La normativa busca fomentar la inclusión laboral y garantizar mayores oportunidades de acceso al empleo formal para personas con discapacidad certificada.
La obligación aplica a todas las empresas privadas que cuenten con una planta de 100 o más trabajadores permanentes.
Las compañías con menos de 100 empleados no están obligadas legalmente a cumplir con esta cuota. En estos casos, la contratación de personas con discapacidad continúa siendo voluntaria.
La ley establece un sistema progresivo según el tamaño de la empresa:
Este cálculo deberá realizarse sobre la planta permanente de trabajadores de la compañía.
Las empresas tendrán plazo hasta el 25 de junio de 2026 para cumplir con esta obligación.
A partir de esa fecha, el Ministerio del Trabajo podrá iniciar procesos de inspección y control sobre las compañías obligadas.
No cualquier documento médico será válido para acreditar la discapacidad del trabajador.
Para que la contratación compute dentro de la cuota legal, el trabajador deberá contar obligatoriamente con una Certificación de Discapacidad expedida por una IPS autorizada, conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Las historias clínicas, incapacidades o certificados médicos generales no serán suficientes para acreditar el cumplimiento de la obligación.
El incumplimiento de esta obligación podrá generar sanciones económicas importantes para las empresas.
El Ministerio del Trabajo tendrá la facultad de imponer multas que pueden oscilar entre 1 y 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), dependiendo de factores como:
Además, durante procesos de inspección, las autoridades podrán solicitar evidencia sobre acciones realizadas por la empresa para cumplir la cuota, como:
Para grupos empresariales internacionales con presencia en Colombia, esta obligación no debe verse únicamente como un requisito administrativo.
La reforma laboral refuerza la necesidad de contar con estructuras laborales correctamente organizadas y alineadas con la normativa local, especialmente en compañías con:
La correcta planificación permitirá evitar contingencias legales, sanciones económicas y riesgos reputacionales.
Ante la proximidad de la fecha límite, resulta recomendable que las compañías comiencen desde ahora a:
En UR Global ayudamos a empresas nacionales e internacionales a adaptarse a los nuevos cambios normativos en Colombia, ofreciendo asesoramiento laboral, corporativo y estratégico para garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones legales y reducir riesgos operativos.
Nuestro equipo local puede acompañar a su empresa en la revisión de estructuras laborales, cumplimiento normativo y adaptación a la nueva reforma laboral colombiana.
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